Continuando con el tema de la
seguridad este día vamos a hablar de la Fiscalía General de la Republica.
La Fiscalía General de la República de El Salvador es el organismo que posee, de acuerdo a su ley orgánica, las competencias de «defender los intereses del Estado y de la sociedad; dirigir la investigación de los hechos punibles y los que determinen la participación punible; promover y ejercer en forma exclusiva la acción penal pública, de conformidad con la ley; y desempeñar todas las demás atribuciones que el ordenamiento jurídico les asigne a ella y/o a su titular».
Con tremenda responsabilidad y dada las condiciones de crisis que vive el Estado Salvadoreño, uno creería que la Fiscalía debe estar dotada de un presupuesto acorde a los tiempos y a la emergencia, pero de entrada se da cuenta que la Fiscalía adolece de un pobre presupuesto y que para colmo de males este año fue reducido en su monto.
Tampoco es correcto que parte de
este exiguo presupuesto se destine para gastar en pago de arrendamientos
suntuosos en lugar de utilizar ese dinero para compra de terrenos donde
funcionen instalaciones propias.
Como se cumplirá entonces la misión
de investigar y dirigir la investigación de los hechos punibles si no tiene un
presupuesto que responda a la necesidad de investigar los hechos delictivos
para que estos no terminen en la impunidad.
La institución es encabezada por
el Fiscal General, quien es nombrado por la Asamblea Legislativa de la
República de El Salvador para desempeñar un período de tres años con
posibilidad de ser reelegido.
Entonces quien sea nombrado
Fiscal debe ser una persona honorable, patriota y consiente del grave cargo que
le tocara desempeñar y es obligacion de los responsables de su eleccion buscar la persona idonea para el Estado, no para sus intereses.
No es justo que la PDDHH tenga más
de 40 millones de dólares cuando la Fiscalía que debe tener recursos humanos
para investigar el delito requiere la contratación urgente de 2,000 fiscales.
En la actualidad muchos casos se
caen por una pobre investigación y luego los jueces actuando basados en
tecnicismos o en la correcta sana critica se ven en la disyuntiva de liberar a
reos aun sabiendo que son culpables pero que ante el debido proceso se ven en
la difícil tarea de liberarlos.
Este componente es otro que debe
estar bien amarrado a la hora de gestar una política de seguridad nacional, de
lo contrario se pierde el esfuerzo en la investigación y se caen casos que deberían
ganarse.
CON DIOS Y POR LA PATRIA
VIVA EL SALVADOR
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